El regadío también se ve afectado, con embalses bajo mínimos como los de la cuenca del Guadiana (al 30,5% de su capacidad), y los del Guadalquivir (28,5%), y en ambos ya hay restricciones al uso industrial del agua.

De hecho, la situación es especialmente "crítica" y "preocupante" en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, han señalado fuentes del sector a Efeagro, con una amenaza "real" de echar por tierra los cultivos si no llueve en las próximas semanas.

Las medidas planteadas

La comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León no se están viendo afectadas de momento, han asegurado sus Gobiernos, aunque tienen planes de acción por si la situación se recrudece.

En Castilla-La Mancha la Junta defiende un proyecto que ha iniciado con los Países Bajos sobre la gestión integrada de agua y suelo, a la vez que realiza inversiones en regadíos por 184 millones de euros, mientras Asaja pide planes de cuenca que "miren por los agricultores".

En Extremadura, además del reparto de agua, la Junta ha solicitado al Gobierno central una "norma urgente" que ampare medidas como exenciones fiscales o ayudas a los agricultores, en tanto la organización agraria UPA-UCE reclama ayudas directas, moratorias en préstamos y exenciones de tarifas para los regantes afectados.

El Gobierno de Andalucía aprobó en 2021 un mecanismo para poder adelantarse a la escasez hídrica y ejecutar obras en una comunidad en la que las organizaciones agrarias instan a ayudar a los sectores más perjudicados, mejorar las infraestructuras y controlar los regadíos ilegales.

La Generalitat de Cataluña precisa que ya hay restricciones en el uso agrícola del agua en el ámbito del Fluvià-Muga (Girona), mientras los productores esperan la llegada de las ayudas de Agroseguro y, entre las asociaciones, Unió de Pagesos cree que hay que replantearse la gestión del agua y fomentar el uso de plantas desalinizadoras.

En la Comunidad Valenciana, la organización AVA-Asaja exige que se mantengan los caudales para riego del trasvase Tajo-Segura, se invierta en obras hidráulicas y se complete la modernización de regadíos.

Finalmente, el Gobierno murciano aboga por mantener el trasvase Tajo-Segura sin recortes de caudales y demanda al Ejecutivo central que estudie la adopción de medidas recogidas en la legislación para garantizar los recursos necesarios.