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Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedINEl brote de listeriosis causado por la carne mechada contaminada ha colocado bajo los focos el estado de la seguridad alimentaria en España, como ya lo hicieran en el pasado el caso del aceite de colza o las “vacas locas”.
Las alertas alimentarias están a la orden del día -España ha notificado una veintena a la UE sólo en agosto-, aunque la mayoría no revisten demasiada importancia.
La última se produjo el pasado viernes, cuando se advirtió de un caso de toxina botulínica originado presuntamente por el consumo de una lata de atún en aceite de girasol de 900 gramos fabricado por Frinsa y vendido bajo la marca blanca de los supermercados DIA, lo que ha derivado en la retirada de todo el lote.
Pese a la preocupación que generan a nivel social este tipo de alertas, expertos y autoridades son unánimes: los niveles de seguridad son más altos que nunca y han mejorado de forma sensible en las últimas décadas, reduciendo el número de episodios y su mortalidad. Además, recuerdan que gracias precisamente a haber mejorado y protocolizado los controles también se detectan casos que antes ni siquiera se registraban.
Los datos apuntalan esta teoría: en Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se producen unos 23 millones de los 600 millones de casos anuales de intoxicaciones alimentaria en el mundo, y el número de muertes asciende a 5.000, de las cerca de 420.000 registradas a nivel global, lo que la convierte en la región con la tasa de decesos más baja por este motivo.
Sólo en España, en 2017 se detectaron unos 37.000 casos de infecciones relacionadas con la ingesta de alimentos y líquidos, y en el capítulo de defunciones los datos más recientes facilitados por el Centro Nacional de Epidemiología corresponden al acumulado 2004-2011, período en el que se observaron 7 muertes de media por año.
De todas formas si se miran las estadísticas oficiales, los casos han ido bajando muchísimo en los últimos años”, defiende en declaraciones a Efeagro la vicepresidenta de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (Sesal), Carmen Vidal.
Catedrática de Nutrición y Bromatología, Vidal incide en que los protocolos actuales a nivel europeo se basan en dar al propio fabricante la responsabilidad en seguridad, un sistema de autocontrol -que posteriormente valida la administración- que ha hecho que los casos hayan caído “en picado”. “Al final es la industria la principal interesada en que no haya problemas, ya que cuando una empresa ‘pincha’, queda tocada de por vida. Les va su supervivencia en ello”, esgrime.
No obstante, no existe el riesgo cero, y ya hay algunas voces que reclaman cambios normativos que refuercen aún más los protocolos y controles en materia de alimentación.
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